El Congreso de la Ciudad de México aprobó que scooters, bicimotos y bicicletas eléctricas exigiendo cuenten con placas, licencia de conducir y uso obligatorio de casco, además de prohibir su circulación en banquetas, ciclovías y carriles confinados
La Ciudad de México tomó una decisión que nadie venía venir, no al corto tiempo.
El Congreso capitalino acaba de aprobar que scooters, bicimotos y bicicletas eléctricas que superen los 25 km/h sean equiparados con vehículos motorizados ligeros, exigiendo placas, licencia de conducir y uso obligatorio de casco, además de prohibir su circulación en banquetas, ciclovías y carriles confinados
La reforma introduce la categoría legal llamada Vehículo Motorizado Eléctrico Personal (VEMEPE), subdividida en tipo A (menos de 35 kg) y tipo B (35 a 350 kg).
La Secretaría de Movilidad (Semovi) tiene un plazo de 360 días para adaptar reglamentos y definir costos, trámites y sanciones. Aún no hay aplicación de multas hasta que se hagan estas adecuaciones
Se especula que las sanciones podrían incluir multas entre 2,262 y 3,394 pesos por falta de placas o licencia, y entre 1,131 y 2,262 pesos por incumplir con uso de casco
Esta iniciativa busca brindar seguridad a peatones y ciclistas, así como controlar el uso de micromovilidad en vías públicas
En México, el uso de scooters eléctricos y bicimotos ha crecido en los últimos años como alternativa de movilidad rápida y económica, y en el interior del país se está volviendo un uso más común, sobre todo en áreas urbanas.
BAJA CALIFORNIA: SIN REGULACIÓN CLARA HASTA EL MOMENTO
Mientras tanto, en Tijuana y el resto del estado de Baja California, la situación es muy diferente. No existe una regulación específica para scooters eléctricos o similares.
En la práctica, su uso no está formalmente permitido en la vía pública, pero tampoco hay una normatividad que lo regule puntualmente.
Autoridades, como la Policía Municipal, han señalado que los patines motorizados no están permitidos en las calles de Tijuana.
Aun así, se ha reconocido públicamente la necesidad de generar un reglamento local que regule no solo el uso, sino también la implementación de infraestructura adecuada, como carriles o vías seguras.
Hasta la fecha no se ha aprobado ningún reglamento estatal ni municipal, ni se han definido requisitos como licencias, placas, límites de velocidad o espacios para su circulación.
CONTRASTE QUE SALTA A LA VISTA
Mientras la CDMX avanza de manera sistemática hacia una regulación integral que reconozca estos vehículos eléctricos como parte de la movilidad urbana normada, en Baja California reina la incertidumbre.
La CDMX apuesta por establecer reglas claras, trámites, sanciones y protección para peatones y usuarios. Tijuana, por su parte, aún no cuenta con normativa efectiva. Los usuarios de scooters y similares circulan en una zona gris legal, lo que genera riesgos viales y conflictos normativos.
¿QUÉ SIGUE PARA BAJA CALIFORNIA?
Especialistas en movilidad han advertido sobre la urgencia de regular estos medios de transporte. Sin una normatividad que los incluya, su circulación puede comprometer la seguridad de usuarios y peatones. Además, la falta de infraestructura adecuada —como ciclovías separadas— agrava la situación.
Se considera necesario que el Congreso estatal y los municipios —como Tijuana— impulsen una legislación local inspirada en medidas como las adoptadas en CDMX: definir categorías, exigir licencias, cascos, placas, y establecer sanciones y vías específicas.
En un escenario donde los scooters y bicimotos ganan espacios como soluciones de movilidad eficiente y ecológica, la falta de regulación genera un vacío que pone en riesgo tanto a quienes los conducen como al público en general.
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