El pasado miércoles 23 de abril, la Cámara de Diputados dio luz verde a una reforma que modifica la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, permitiendo que trabajadores de organismos clave como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Banco de México (Banxico) puedan portar armas mientras desempeñan sus funciones laborales.
Aunque la propuesta aún debe pasar por el Senado, ya generó controversia por el alcance del uso de la fuerza por parte de civiles que trabajan para el Estado.
¿Qué cambia con esta reforma?
476 a favor y solo dos abstenciones fueron los votos con los que los diputados avalaron modificaciones a 57 artículos de la legislación vigente. Uno de los puntos centrales es que ahora estas instituciones podrán obtener licencias colectivas de portación de armas, siempre bajo la supervisión directa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Esta dependencia será la encargada de monitorear quiénes están autorizados, qué tipo de armas se les asigna y en qué condiciones las portan.
¿Cual es el objetivo?
El objetivo es brindar mayor seguridad a funcionarios que trabajan en entornos de alto riesgo. Por ejemplo, personal del SAT que participa en operativos fiscales o decomisos puede enfrentarse a amenazas directas. Técnicos de la CFE también han sido agredidos en zonas controladas por grupos criminales o con conflictos por el servicio eléctrico.
Armar a estos trabajadores pretende darles una herramienta de defensa, pero con un enfoque de uso regulado y excepcional, no como regla general.
¿Qué medidas de control se implementarán?
Los empleados que reciban autorización deberán cumplir con los mismos requisitos legales que cualquier ciudadano para portar un arma: exámenes médicos, psicológicos, antecedentes limpios y justificación de riesgo.
Además, queda prohibido el uso de armamento exclusivo del Ejército, así como armas caseras, impresas en 3D o modificadas. Las instituciones deberán entregar reportes constantes a Sedena y someterse a auditorías sobre el resguardo y uso adecuado del armamento.
¿Qué opinan quienes están en contra?
Aunque la aprobación fue casi unánime, algunos legisladores manifestaron su preocupación por los posibles vacíos en los protocolos de capacitación y rendición de cuentas. También subrayan la importancia de que quienes portan armas estén bien entrenados y actúen dentro de un marco de respeto a los derechos humanos.
La reforma ya fue aprobada por la Cámara de Diputados. Ahora será analizada y votada en el Senado. Si también recibe el visto bueno ahí, se convertirá en ley y comenzará a aplicarse oficialmente.
