Organizaciones de derechos humanos y autoridades locales exigen protección urgente para la periodista tras recibir múltiples amenazas telefónicas vinculadas a su labor investigativa.
En las últimas semanas, Adela Navarro, codirectora del semanario ZETA en Tijuana, ha sido blanco de una serie de amenazas telefónicas que han encendido las alarmas en el ámbito de la defensa de la libertad de expresión en México. La organización Artículo 19 informó que entre el 29 de abril y el 16 de mayo de 2025, Navarro recibió al menos ocho llamadas intimidatorias en las que una voz masculina le advirtió de manera reiterada que debía cuidarse.
Las llamadas, realizadas tanto a líneas antiguas como al conmutador principal del semanario, dificulta su rastreo y reflejan la persistencia y el riesgo que enfrenta la periodista. El contexto de estas amenazas está relacionado con una investigación reciente de ZETA sobre irregularidades y ocultamiento de información por parte de la Fiscalía de Baja California en torno a una narcofosa, lo que podría haber motivado estas acciones intimidatorias.
Artículo 19 ha exigido a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que abra una investigación exhaustiva con perspectiva de género para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Además, solicitó la implementación inmediata de medidas de protección para Adela Navarro y su equipo de trabajo.
Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda han expresado su respaldo a la periodista, comprometiéndose a brindar los recursos necesarios para garantizar su seguridad y la de su medio.
Este caso se suma a un preocupante patrón de agresiones contra periodistas en México. Durante 2024, Artículo 19 documentó 90 amenazas dirigidas a comunicadores, muchas de ellas con violencia extrema, lo que señala la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y justicia para quienes ejercen la labor periodística en el país.
La situación de Adela Navarro pone en evidencia los riesgos que enfrentan los periodistas que investigan temas delicados como el crimen organizado y la corrupción, y llama a una respuesta firme y coordinada de las autoridades para salvaguardar la libertad de prensa y la seguridad de quienes la defienden.
